jueves, 16 de julio de 2009


Extractos de la carta dirigida a la Fiscala y el Contralor con copia a la Asociación Interamericana del Ministerio Público
AMENAZAS CONTRA GLOBOVISIÓN Y RCTVOBEDECEN A COMPLICIDAD DE CHÁVEZ CON CORRUPTOS DE SU ENTORNO ÍNTIMO

Exigimos se informe al país estado de las investigaciones contra Cabello y Rangel.

Exigimos se investigue por qué VTV no informa de los hechos de corrupción de los altos jerarcas del régimen.

Me dirijo a ustedes, en mi condición de Secretario Ejecutivo Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, a los fines de demandar se sirvan informarle al país en qué estado se encuentran las numerosas denuncias que, al menos desde hace dos largos meses, en su despacho reposan por gravísimos actos de corrupción contra Diosdado Cabello y José Vicente Rangel, hechos perpetrados por el primero durante su gestión como Gobernador de Miranda y por el segundo durante su gestión como Alcalde del municipio Sucre de Caracas.
...no existe ninguna información sobre cuál habrá de ser el destino que correrán los gruesos expedientes contentivos de las trapacerías de ambos personajes contra los dineros públicos. Hago mía la pregunta que se hiciera recientemente en uno de sus editoriales en el diario “Tal Cual” Teodoro Petkoff: “¿Puede presumirse, entonces, que lo que viene es el entaparamiento?”. Pareciera como si en esta “revolución” igualitaria todos fuésemos iguales pero unos fuesen más iguales que otros, según la famosa sentencia de George Orwell en Rebelión en la granja. La importancia de los funcionarios implicados debería obligar a la Fiscalía y a la Contraloría a informar al país del estado y del avance de las investigaciones.Las denuncias involucran actos de verdadero saqueo del tesoro público cometidos con absoluto desparpajo, conducta sólo comprensible porque sus perpetradores se saben amparados por un régimen cuya institucionalidad protege a los vivianes de la revolución, a los nuevos corruptos de cuello rojo, en particular si éstos pertenecen al entorno íntimo del teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías. Dicho sea de paso, no es el caso solamente de Cabello y Rangel sino de los Rafael Ramírez que enriquecen a suegras y otros familiares cercanos con contratos milmillonarios otorgados a dedo, los Arné Chacón Escamillo que pasan en pocos años de ser humildes tenientes de nuestras Fuerzas Armadas a poderosos potentados de la banca nacional con propiedades y costosos caballos de carrera en el exterior (en el vilipendiado imperio, sea dicho de paso), los Chávez Frías cuyas propiedades multiplican por mil las que detentaban antes de esta “revolución de los fariseos”. Se trata pues de una conducta institucional del gobierno que, como tanto ha sido dicho, ha elevado el cinismo a categoría de política de Estado.

En el caso de Diosdado Cabello, las primeras irregularidades denunciadas hace más de dos meses por la Produraduría del Estado Miranda se acerca a los 80 mil millones de bolívares. En el caso de José Vicente Rangel, se trata de más de 17 mil millones de bolívares invertidos en obras que no aparecen en ningún lado del municipio Sucre. De la denuncia de esta primera olla de la corrupción roja ha sucedido la más brutal campaña de amenazas contra los medios libres de comunicación, especialmente Globovisión, cuyo perentorio cierre reclama un desencajado teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías, y RCTV, a la que se continúa persiguiendo ahora por la vía de la insólita propuesta de regimentar también las televisoras por cable. No cabe la menor duda, y así lo denunciamos ante el país y ante la comunidad interamericana, que la pretensión de cercar a estas televisoras se debe a la valiente actitud suya de dar cabida en su programación a las denuncias más arriba mencionadas presentando detalladamente, documento tras documento, la infinita variedad de delitos cometidos por estos vivianes de la revolución que se llenan los bolsillos en nombre del pueblo. Cuando ordena actuar contra estas televisoras, el teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías actúa básicamente animado por proteger la corrupción de su entorno íntimo, cuyo enriquecimiento es parte esencial de la base de su poder político.En vez de acosar a Globovisión y a RCTV por hacerlo, el Ministerio Público debería, y así lo solicitamos aunque se trate de un acto meramente testimonial (habida cuenta de que la Fiscalía no es hoy en día sino una oficina subalterna del palacio de Miraflores en La Candelaria), investigar si Venezolana de Televisón, canal que por ser del Estado debería estar al servicio de todos los venezolanos y no de una sola parcialidad política, no incumple con la misión de informar verazmente (derecho ciudadano consagrado en la Constitución redactada por el régimen) al silenciar del modo más olímpico todas las denuncias formuladas contra los Cabello, Rangel, Ramírez, Chacón Escamillo y Chávez Frías. Por eso no resulta para nada sorprendente que Cabello en lugar de exigir él mismo un finiquito de la Contraloría sobre su gestión, guarde un mutismo tan culposo y tan capcioso como el empeño que pone en callar a Globovisión y RCTV como tampoco la histérica reacción del padre del ex alcalde José Vicente Rangel contra los medios de comunicación, clamando su clausura con la misma feroz diligencia con la cual en otros tiempos denunciaba corruptos, verdaderos o falsos, que él mismo condenaba en el inapelable tribunal de sus columnas de prensa y programas de televisión.




Versión completa de la carta


Caracas, 26 de junio de 2009


Ciudadanos Luis Ortega Díaz y Clodosvaldo Russián
Fiscala General y Contralor General de la República
Sus despachos.

Ciudadanos Fiscala y Contralor:

Me dirijo a ustedes, en mi condición de Secretario Ejecutivo Nacional del partido Un Nuevo Tiempo y en ejercicio pleno de mis derechos constitucionales, a los fines de demandar se sirvan informarle al país en qué estado se encuentran las numerosas denuncias que, al menos desde hace dos largos meses, en su despacho reposan por gravísimos actos de corrupción contra Diosdado Cabello y José Vicente Rangel, hechos perpetrados por el primero durante su gestión como Gobernador de Miranda y por el segundo durante su gestión como Alcalde del municipio Sucre de Caracas.
Excepto la designación de María Alejandra Pérez, Fiscal 6° con competencia nacional, para investigar parte de las irregularidades en la Gobernación de Miranda durante la gestión de Diosdado Cabello, lo que curiosamente fue comunicado a la opinión pública por el Procurador de Miranda, Rafael Guzmán, y no por el Ministerio Público, no existe ninguna información sobre cuál habrá de ser el destino que correrán los gruesos expedientes contentivos de las trapacerías de ambos personajes contra los dineros públicos. Hago mía la pregunta que se hiciera recientemente en uno de sus editoriales en el diario “Tal Cual” Teodoro Petkoff: “¿Puede presumirse, entonces, que lo que viene es el entaparamiento?”. Pareciera como si en esta “revolución” igualitaria todos fuésemos iguales pero unos fuesen más iguales que otros, según la famosa sentencia de George Orwell en Rebelión en la granja. La importancia de los funcionarios implicados debería obligar a la Fiscalía y a la Contraloría a informar al país, al menos con la misma presteza con la que anuncia incluso investigaciones de orden marital si se trata de dirigentes de la oposición, del estado y del avance de las investigaciones.
Las denuncias involucran actos de verdadero saqueo del tesoro público cometidos con absoluto desparpajo, conducta sólo comprensible porque sus perpetradores se saben amparados por un régimen cuya institucionalidad protege a los vivianes de la revolución, a los nuevos corruptos de cuello rojo, en particular si éstos pertenecen al entorno íntimo del teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías. Dicho sea de paso, no es el caso solamente de Cabello y Rangel sino de los Rafael Ramírez que enriquecen a suegras y otros familiares cercanos con contratos milmillonarios otorgados a dedo, los Arné Chacón Escamillo que pasan en pocos años de ser humildes tenientes de nuestras Fuerzas Armadas a poderosos potentados de la banca nacional con propiedades y costosos caballos de carrera en el exterior (en el vilipendiado imperio, sea dicho de paso), los Chávez Frías cuyas propiedades multiplican por mil las que detentaban antes de esta “revolución de los fariseos”. Se trata pues de una conducta institucional del gobierno que, como tanto ha sido dicho, ha elevado el cinismo a categoría de política de Estado.

En el caso de Diosdado Cabello, el Procurador del estado Miranda, Rafael Guzmán, y la Consultora Jurídica de la Gobernación, Jennifer Gaggia, consignaron ante la Fiscalía General numerosas denuncias con sus respectivos respaldos documentales acerca de múltiples y diversas irregularidades que fueron detectadas en la gestión del inefable y nunca bien ponderado ex Gobernador. Entre otras merecen ser destacadas:

· Los gastos excesivos que hizo la Gobernación de Miranda en hospedaje en el hotel Alba Caracas por la cantidad de 2 mil 800 millones de bolívares, pago que fue realizado dos veces, luego de efectuadas las pasadas elecciones regionales, cuando la administración saliente estaba en un periodo de transición.

· Los pagos en exceso, efectuados con doble facturación, para la adquisición de vehículos vendidos a la gobernación de Miranda por parte del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como la relación familiar que existe entre el Director General de ese instituto, Ramón Rafael Campos Cabello y el ex gobernador Diosdado Cabello, quienes son primos hermanos, hecho gravísimo pues casualmente fue el IPSFA el principal proveedor de bienes y servicios de la gobernación: al IPSFA se le compraron, en dos años, 115 mil millones de bolívares, y por ser una empresa del Estado no se hacía ningún proceso de selección para verificar las mejores ofertas; se facturaron los mismos vehículos dos veces en años distintos; se cobraron vehículos que no fueron entregados, y se pagaron por montos mayores a los que reflejaba la factura (hay un caso de una factura por un monto de 180 millones de bolívares y la gobernación pagó un mil 300 millones).

· Las adquisiciones inmobiliarias realizadas por la Corporación de Servicios, con ocasión de las cuales se compraron propiedades muy por encima del precio del mercado y sin el respectivo avalúo del personal calificado para ello.

· La contratación de obras por emergencias no comprobadas y que además fueron transferidas a entes de la Nación, en plena ejecución, para que la actual administración de Miranda no pudiera verificar la realización, obras transferidas dos veces, es decir, a un ente le transfirieron la obra y los recursos, y esas mismas obras y esos mismos recursos, por igual, fueron transferidos a otro ente de la Nación.

· La entrega de 7 mil millones de bolívares a través de contrataciones “irregulares” por parte del Instituto de Vivienda y Hábitat del estado Miranda (Invihami) pues se trataba de contrataciones públicas que se realizaban una vez iniciada la obra y obviamente quien ganaba la licitación era la empresa que ya la estaba ejecutando. Se ha denunciado que de los 7 mil millones de bolívares que se entregaron las obras no superan el 30 por ciento de su ejecución, los contratos están vencidos y se puede ver el estado de deterioro de las que se cumplieron como el programa de sustitución de techos que resultó ser poner uno nuevo sobre el otro podrido. Así mismo, que el 60 por ciento del monto total otorgado a las contratistas, es decir, 4 mil millones de bolívares, fue entregado a dos empresas relacionadas entre sí llamadas Asociación Civil Cooperativa de Sembradores de Marerito e Industrias Inmec.

· La realización de obras con procedimientos irregulares ejecutadas por Invitrami por Bs 27.000 millones.

· Las nóminas de la Corporación de Servicios con cédulas falsas y fantasmas por Bs 13.000 millones.

· El hospedaje en el Hotel Gran Casino de Los Teques por Bs 3.000 millones.

· La construcción de baños en Invihami por Bs 421.000 millones.

· La contratación de cooperativas para realizar proselitismo político por Bs 50 millones.

· Las primeras irregularidades denunciadas hace más de dos meses por la Produraduría del Estado Miranda se acerca a los 80 mil millones de bolívares.

En el caso de José Vicente Rangel, el Alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, entregó ante la Contraloría General de la República un informe general con las observaciones de presuntos hechos de corrupción vinculados a su gestión al frente de dicho despacho. Entre otros casos, resaltan los siguientes:

· Una abundante documentación demostraría la insólita complicidad entre empresas de los cuñados del exAlcalde y éste para la construcción de obras que jamás fueron ejecutadas pero sí cumplidamente pagadas.

· De las 343 que estaban presupuestadas en el año 2008, 111 obras no se iniciaron y muchas no se han culminado, a pesar de que se les canceló el monto exigido. Algunas de estas 343 obras se cobraron enteramente y no se hicieron.

· Entre los años 2004 y 2008 casi 60% de la inversión en viviendas fueron otorgados a cuatro empresas pertenecientes a un "clan familiar", que debería investigar la Contraloría General si no estuviera al mando de uno de los mayores cómplices de la corrupción de nuestra historia republicana.

· En un primer corte, se trata de más de 17 mil millones de bolívares invertidos en obras que no aparecen en ningún lado del municipio Sucre.

De la denuncia de esta primera olla de la corrupción roja ha sucedido la más brutal campaña de amenazas contra los medios libres de comunicación, especialmente Globovisión, cuyo perentorio cierre reclama un desencajado teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías, y RCTV, a la que se continúa persiguiendo ahora por la vía de la insólita propuesta de regimentar también las televisoras por cable. No cabe la menor duda, y así lo denunciamos ante el país y ante la comunidad interamericana, que la pretensión de cercar a estas televisoras se debe a la valiente actitud suya de dar cabida en su programación a las denuncias más arriba mencionadas presentando detalladamente, documento tras documento, la infinita variedad de delitos cometidos por estos vivianes de la revolución que se llenan los bolsillos en nombre del pueblo. Cuando ordena actuar contra estas televisoras, el teniente-coronel en situación de retiro Chávez Frías actúa básicamente animado por proteger la corrupción de su entorno íntimo, cuyo enriquecimiento es parte esencial de la base de su poder político.
En vez de acosar a Globovisión y a RCTV por hacerlo, el Ministerio Público debería, y así lo solicitamos aunque se trate de un acto meramente testimonial (habida cuenta de que la Fiscalía no es hoy en día sino una oficina subalterna del palacio de Miraflores en La Candelaria), investigar si Venezolana de Televisón, canal que por ser del Estado debería estar al servicio de todos los venezolanos y no de una sola parcialidad política, no incumple con la misión de informar verazmente (derecho ciudadano consagrado en la Constitución redactada por el régimen) al silenciar del modo más olímpico todas las denuncias formuladas contra los Cabello, Rangel, Ramírez, Chacón Escamillo y Chávez Frías. Por eso no resulta para nada sorprendente que Cabello en lugar de exigir él mismo un finiquito de la Contraloría sobre su gestión, guarde un mutismo tan culposo y tan capcioso como el empeño que pone en callar a Globovisión y RCTV como tampoco la histérica reacción del padre del ex alcalde José Vicente Rangel contra los medios de comunicación, clamando su clausura con la misma feroz diligencia con la cual en otros tiempos denunciaba corruptos, verdaderos o falsos, que él mismo condenaba en el inapelable tribunal de sus columnas de prensa y programas de televisión.

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